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El funcionamiento financiero de la misión de médicos cubanos en Uruguay vuelve a colocar bajo escrutinio el modelo mediante el cual La Habana exporta profesionales sanitarios.
El Banco de Previsión Social (BPS) uruguayo aporta unos 250.000 dólares anuales al programa, pero no paga directamente los salarios de los especialistas. El manejo de sus remuneraciones queda en manos de las autoridades cubanas.
La presidenta del BPS, Jimena Pardo, explicó a Telenoche que actualmente trabajan en Uruguay unos 21 oftalmólogos cubanos vinculados a la Operación Milagro, programa que desde el primer gobierno del socialista Tabaré Vázquez acumula casi un millón de pesquisas y más de 220.000 operaciones oftalmológicas.
Pardo precisó que los 250.000 dólares aportados anualmente no son considerados salarios. “Lo que reintegra Uruguay, se le llama estipendio, es un reintegro de gastos”, señaló. Según su explicación, el dinero se adelanta, posteriormente se justifican los gastos y la partida es transferida a una cuenta de la brigada establecida por el Ministerio de Salud Pública.
Uruguay paga, pero no directamente a los médicos ¡más de lo mismo!
Desde una perspectiva económica, el detalle fundamental es la separación existente entre el Estado que financia parte del programa y los trabajadores que prestan el servicio.
El BPS no mantiene una relación salarial directa con los médicos cubanos en Uruguay ni determina cuánto recibe individualmente cada profesional. De acuerdo con Telenoche, las remuneraciones dentro de la misión son manejadas por el régimen cubano.
Esa estructura dificulta conocer, a partir de la información divulgada hasta ahora, qué cantidad recibe finalmente cada oftalmólogo, bajo qué condiciones contractuales y qué grado de control tiene sobre sus ingresos.
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El caso resulta particularmente relevante porque la exportación de servicios profesionales ha sido durante años una fuente importante de divisas para Cuba. El Departamento de Estado estadounidense estimó anteriormente que La Habana obtenía entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales mediante la exportación de servicios, principalmente las misiones médicas.
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Denuncias de trabajo forzoso rodean las misiones cubanas
La controversia no implica cuestionar el trabajo realizado por los médicos ni los beneficios recibidos por pacientes uruguayos. El foco está en las condiciones laborales y en el mecanismo mediante el cual el Estado cubano controla a sus profesionales en el extranjero.
En abril de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales publicaron un informe específico sobre las misiones médicas cubanas. Ambas instancias expresaron preocupación por situaciones que podrían configurar “trabajo forzoso u obligatorio” y, en determinados casos, reunir elementos constitutivos de trata de personas.
El informe recoge denuncias sobre retención de documentos, confiscación de salarios, vigilancia de la vida privada, restricciones a la libertad de expresión y sanciones contra quienes abandonan las misiones, prácticas descritas por organizaciones denunciantes como compatibles con formas contemporáneas de esclavitud o trabajo forzoso.
Washington también ha denunciado durante años este sistema. El Informe sobre Trata de Personas de 2024 del Departamento de Estado sostuvo que existía una política o patrón gubernamental cubano de beneficiarse del trabajo forzoso dentro de sus programas de exportación laboral, incluidas las misiones médicas.
Médicos cubanos en Uruguay, un cuarto de millón de dólares y muchas preguntas pendientes
Pardo aseguró, entretanto, que el BPS no ha recibido comunicación oficial de la Embajada de Estados Unidos relacionada con la polémica y explicó que el asunto está siendo tratado por la Cancillería uruguaya. “Entiendo que a través del diálogo se va a llegar a una solución”, afirmó.
La revelación sobre los médicos cubanos en Uruguay, sin embargo, deja una cuestión económica esencial: Uruguay puede explicar cuánto desembolsa —250.000 dólares anuales— y cómo transfiere esos fondos, pero la información pública citada no permite determinar con igual claridad cuánto termina efectivamente en manos de cada profesional.
Y ahí radica precisamente una de las críticas internacionales al modelo: entre el país que paga por los servicios y el médico que trabaja aparece el Estado cubano como intermediario y administrador de las remuneraciones.
En un programa rodeado de denuncias de trabajo forzoso, esa falta de relación salarial directa y de transparencia sobre el destino final del dinero vuelve a poner el mecanismo financiero bajo la lupa y denuncia, una vez más, a la tiranía castrocanelista, que se embolsilla la mayor parte de la plata, mientras su pueblo vive en la miseria extrema.
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