El activista cubano Alexander Otaola respondió a la denuncia del régimen sobre un supuesto bloqueo de 7.000 contenedores y recordó que la propia dictadura ha decomisado cargamentos de ayuda humanitaria destinados directamente a familias necesitadas.
Mientras La Habana acusa a Estados Unidos de cometer un “genocidio”, su historial demuestra que ha utilizado alimentos, medicinas y donativos como instrumentos de control político.
La acusación fue formulada por Óscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro, ministro del Comercio Exterior y sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro. El funcionario afirmó que más de 7.000 contenedores permanecen varados en diferentes puertos del Caribe debido a presiones estadounidenses.
Según Pérez-Oliva Fraga, las cargas contienen alimentos, medicamentos y equipos para enfrentar la crisis energética y los problemas de acceso al agua. También responsabilizó por adelantado de posibles “vidas inocentes” perdidas a quienes supuestamente impiden su llegada.
Sin embargo, el funcionario no mostró durante su intervención contratos, manifiestos de carga, ubicaciones precisas, facturas ni otros documentos que permitan comprobar independientemente la existencia, propiedad y contenido de los cargamentos.
Otaola cuestiona el supuesto bloqueo de 7.000 contenedores
Otaola señaló la extraordinaria casualidad de que dentro de esos contenedores aparezcan todas las soluciones que el castrismo no ha conseguido ofrecer durante 67 años.
“Vienen medicamentos, vienen paneles solares, vienen maquinarias para solucionar el problema del agua”, ironizó. “Algo que no han solucionado en 67 años, pero viene en estos 7.000 contenedores”.
El influencer también puso en duda que el régimen disponga de dinero para adquirir y transportar semejante volumen de mercancías. A su juicio, podrían ser cargas pendientes de pago o una cortina de humo propagandística para responsabilizar nuevamente a Estados Unidos por la miseria generada por el sistema comunista.
“Necesitan siempre tener una cortina de humo para que la gente en la calle justifique la indigencia en la que vive”, afirmó Otaola.
La narrativa del bloqueo de 7.000 contenedores también contrasta con la llegada de otras cargas y ayudas a Cuba. Si existiera un cierre absoluto, argumentó el presentador, tampoco entrarían los barcos procedentes de Estados Unidos con combustibles y otras mercancías autorizadas.
La dictadura decomisó ayuda enviada a una iglesia
Un antecedente particularmente revelador ocurrió en 2024. El régimen decomisó un contenedor de ayuda humanitaria enviado desde Reino Unido a la Iglesia Evangélica de Cuba “En Jesucristo Libres”.
La donación había sido recolectada entre ciudadanos cristianos británicos por International Aid Trust, organización benéfica fundada en 1991. El cargamento incluía alimentos, ropa, zapatos, colchones, juguetes, sillas de ruedas, muletas, andadores, instrumentos musicales, un generador eléctrico y 15 máquinas de coser Singer.
Su valor, incluidos los gastos de transporte, ascendía a 6.552 dólares.
Ignacio Valdivia O’Farrill, funcionario del Departamento de Atención a Instituciones Religiosas y Asociaciones Fraternales, comunicó que el decomiso era “una decisión soberana del Estado cubano”. También sostuvo que la medida era “firme”, “con documentos o sin documentos”, aunque no explicó concretamente las supuestas irregularidades del envío.
Fuentes de la iglesia aseguraron a CubaNet que se habían cumplido los requerimientos establecidos. El reverendo Bernard Cocker, fundador de International Aid Trust, advirtió además que los artículos eran bienes esenciales destinados a personas necesitadas y solicitó la intervención del embajador británico en La Habana.
El verdadero responsable del sufrimiento cubano
Este caso desmonta la doble moral del castrismo. Cuando las donaciones llegan mediante organizaciones que no controla, el Estado puede retenerlas, decomisarlas o impedir su distribución. Pero cuando necesita justificar su fracaso económico, presenta un supuesto bloqueo de 7.000 contenedores como responsable de todos los males nacionales.
Otaola recordó asimismo los cinco contenedores enviados desde Miami durante la pandemia para beneficiar a unas 15.000 familias mediante iglesias cristianas. Según denunciaron sus organizadores, las autoridades cubanas impidieron que la iniciativa cumpliera su propósito y lanzaron una campaña para desacreditar los donativos.
Hablar de “genocidio” mientras se decomisan alimentos, equipos médicos y medios de asistencia para personas vulnerables constituye un ejercicio monumental de cinismo.
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El PCC no puede borrar su responsabilidad en la destrucción productiva del país, la represión, el encarcelamiento de opositores y el éxodo de millones de cubanos. Si Pérez-Oliva Fraga desea demostrar su denuncia, debe publicar toda la documentación de los cargamentos.
Hasta entonces, los 7.000 contenedores continuarán confirmando otra coartada del castrismo. Porque el bloqueo más cruel que padece el pueblo cubano no está en los puertos del Caribe: lleva más de seis décadas instalado en el Palacio de la Revolución.