La periodista independiente y activista cubana, Yunia Figueredo, fue amenazada junto a su esposo por esbirros castristas el martes, luego de ser sometidos a interrogatorios arbitrarios en la comisaría de Siboney, en La Habana, bajo la falsa acusación de incitar los recientes estallidos sociales en la localidad de Jaimanitas.
Según contó a Martí Noticias, prisión domiciliaria e impedimento absoluto para abandonar el municipio de Playa son las represalias impuestas contra la disidente, a quien el aparato represivo de la dictadura amenazó explícitamente con encarcelarla de forma definitiva en la próxima citación policial.
“Me pusieron restricción de movimiento con prisión domiciliaria y prohibición de salir del municipio. Ya me tienen cercada. Aseguraron que en la próxima citación no regresaría más a la casa”, dijo.
El ensañamiento contra la activista y su esposo, el también periodista independiente Frank Correa, ocurrió en despachos separados a las 2:00 p.m., cuando ambos se negaron rotundamente a firmar las actas de advertencia inventadas por los agentes para engrosar sus expedientes persecutorios.
Represión tras las protestas populares
Esta feroz arremetida busca acallar el profundo malestar ciudadano de una población exhausta y asfixiada por el colapso absoluto de los servicios públicos, la escasez crítica de alimentos, los interminables apagones que castigan diariamente a las familias y la falta crónica de agua potable que detonaron las intensas protestas comunitarias los pasados 29 y 30 de agosto.
La maquinaria represiva del régimen castrista intenta vincular desesperadamente a Yunia Figueredo con esas manifestaciones masivas a partir de falsas denuncias formuladas por chivatos locales, a pesar de que la pareja permaneció resguardada en el interior de su vivienda durante toda la jornada de protesta social.
“Nosotros no salimos de la casa en esa fecha, pero hay gente que nos quiere perjudicar y ellos alegan de que sí estuvimos ahí”, agregó Figueredo al medio citado.
Historial de acoso e intimidación familiar contra la periodista independiente
El hostigamiento sistemático y el terrorismo de Estado contra este hogar no constituyen un hecho aislado dentro del panorama represivo cubano. El pasado 19 de agosto, agentes de la dictadura interceptaron violentamente en la vía pública a Frank Correa para mantenerlo secuestrado, incomunicado y en paradero desconocido durante varias horas.
Ese mismo día, la tiranía lanzó despiadados chantajes directos contra la activista por el simple hecho de haber asistido junto a sus seres queridos a un encuentro diplomático en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, amenazándola de manera ruin y directa con truncarle el futuro educativo y expulsar de los estudios universitarios a su propia hija.
Con este despliegue de citaciones punitivas dirigidas contra múltiples residentes y vecinos de la comunidad costera de Jaimanitas, la dictadura ejecuta sin piedad su habitual recetario de intimidación masiva y castigo ejemplarizante. Las fuerzas del régimen intentan sofocar por la fuerza bruta cualquier indicio de rebelión popular en las calles, imponiendo un cerco sobre los ciudadanos que sufren la miseria cotidiana.
El objetivo: Silenciar a la prensa libre
Al mismo tiempo, la cúpula castrista pretende neutralizar la labor de cualquier periodista independiente que intente registrar, documentar y difundir la grave crisis humanitaria, los atropellos sistemáticos a los derechos humanos y la total ausencia de libertades fundamentales que desangran día a día a la sociedad en la isla.
La violencia institucional y las prohibiciones de movimiento confirman la cobardía de un sistema autoritario que responde con encarcelamiento, represión armada y cerco policial ante el inevitable clamor de libertad de su pueblo.
En este contexto de opresión desatendida, la persecución abierta contra quienes comunican la realidad cubana evidencia la vulnerabilidad de las voces críticas frente al control estatal.
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Las agresiones continuadas dirigidas hacia los activistas y la constante vigilancia que sufren los comunicadores buscan infundir un clima de miedo generalizado. Sin embargo, la determinación de denunciar los atropellos sigue siendo una postura constante entre los defensores de derechos humanos en la capital y todo el país.
El acoso policial ejercido contra este matrimonio reafirma el uso arbitrario del sistema judicial y operativo para sofocar la disidencia en las comunidades golpeadas por la crisis. En respuesta a esta ola represiva, la labor que realiza todo periodista independiente en Cuba permanece bajo constante riesgo, enfrentando citaciones, privación de libertad y agresiones psicológicas diseñadas para quebrantar el libre ejercicio del periodismo y la denuncia ciudadana.