La persecución contra los periodistas independientes cubanos volvió a quedar en evidencia este lunes tras nuevas denuncias de vigilancia policial, citaciones arbitrarias y acciones de intimidación ejecutadas por el régimen castrista.
En ese sentido, la periodista de CubaNet Camila Acosta informó que permaneció bajo vigilancia policial sin recibir explicación alguna por parte de las autoridades.
A través de sus redes sociales, la reportera publicó un video en el que se muestra a un agente de la Seguridad del Estado que la vigila en las adyacencias de su vivienda.
“Hoy permanezco con vigilancia policial. Desconozco el motivo, pero tampoco es que el régimen lo necesite para violar nuestros derechos”, precisó la periodista cubana en sus redes sociales.
Por su parte, la periodista Anay Remón García recibió una citación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Sin embargo, la diligencia no llegó a concretarse debido a que el oficial encargado nunca se presentó.
Según explicó la reportera a CubaNet, posteriormente le informaron que el funcionario no acudió porque había sufrido un inconveniente mecánico con su motocicleta.
Aunque el encuentro quedó suspendido, organizaciones de defensa de la prensa señalaron que este tipo de citaciones suelen formar parte de mecanismos de presión psicológica utilizados contra los periodistas independientes cubanos para generar incertidumbre y desgaste emocional.
Hositgamiento contra periodistas independientes cubanos
Vale la pena resaltar que las denuncias de estos periodistas independientes cubanos no constituyeron hechos aislados, ya que durante los últimos meses, diferentes organismos registraron numerosos operativos de vigilancia alrededor de la vivienda de Camila Acosta.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión, perteneciente al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), documentó un operativo ocurrido el pasado 5 de mayo, cuando una patrulla policial permaneció durante varias horas cerca de la residencia de la reportera acompañada por agentes de la Seguridad del Estado.
Según el observatorio, las autoridades no presentaron orden judicial ni notificación oficial que justificara la vigilancia. Por esa razón, el caso fue clasificado como una acción de intimidación y agresión psicológica dirigida contra una profesional de la prensa.
Pocos días después, Acosta denunció nuevos despliegues policiales en las inmediaciones de su vivienda. En una de esas ocasiones sostuvo que los agentes intentaron impedirle asistir a una misa celebrada en la Catedral de La Habana.
Las restricciones también afectaron su trabajo periodístico. Durante marzo, la organización Reporteros Sin Fronteras documentó varios incidentes relacionados con la reportera mientras cubría acontecimientos vinculados al creciente malestar social provocado por la crisis energética y los prolongados apagones.
En ese mismo mes, Acosta alertó sobre la presencia de agentes de la Seguridad del Estado cerca de la Universidad de La Habana. De acuerdo con su denuncia, los funcionarios le impidieron cubrir una concentración estudiantil relacionada con la suspensión de actividades académicas debido a los cortes eléctricos.
Reporteros Sin Fronteras advirtió que estas prácticas constituyen una forma de censura previa. La organización explicó que impedir a los periodistas independientes cubanos salir de sus casas limita su capacidad para documentar hechos de relevancia pública y afecta directamente el derecho de los ciudadanos a recibir información.
La presión sobre Anay Remón García tampoco comenzó recientemente. El ICLEP recordó que en abril de 2022 la periodista enfrentó un interrogatorio policial durante el cual agentes de la Seguridad del Estado la amenazaron con prisión debido a su colaboración con medios independientes.
Las restricciones contra los periodistas independientes cubanos también incluyeron prohibiciones de salida del país. En abril de 2025, la Sociedad Interamericana de Prensa incorporó a Acosta y García Remón en una lista de comunicadores afectados por medidas de este tipo.
La organización identificó además detenciones arbitrarias, arrestos domiciliarios de facto y vigilancia permanente como algunas de las herramientas empleadas por el régimen para intimidar a la prensa.
Uno de los casos más conocidos ocurrió tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021 cuando Acosta fue arrestada un día después de cubrir las manifestaciones para CubaNet y el diario español ABC.
Las autoridades la mantuvieron detenida durante varios días y posteriormente la sometieron a restricciones de movimiento mientras avanzaban investigaciones relacionadas con su labor periodística.
El panorama general para los periodistas independientes cubanos continúa siendo uno de los más complejos del continente. Según el Índice Mundial de Libertad de Prensa de 2026 elaborado por Reporteros Sin Fronteras, Cuba ocupó el puesto 160 entre 180 países evaluados y se mantuvo como la nación peor clasificada de América Latina en materia de libertad informativa.
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