El preso político Walnier Luis Aguilar Rivera, joven de 24 años con discapacidad intelectual que padece las aberrantes condiciones de la prisión Nieves Morejón en Sancti Spíritus, es víctima de la crueldad del régimen castrista, que cercenó arbitrariamente sus visitas familiares.
Ante este atropello criminal, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la ferocidad de la tiranía.
Vale la pena mencionar que Aguilar Rivera cumple una ilegítima condena de 12 años por el supuesto delito de sedición tras participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en La Güinera.
Arbitrariedad y ensañamiento carcelario en Sancti Spíritus
La saña de la dictadura se manifestó implacable el pasado 28 de agosto, cuando el activista Luis Wilber Aguilar Bravo, padre del recluido, sufrió una infame humillación carcelaria.
Tras un extenuante recorrido de 350 kilómetros desde La Habana y aguantar horas de espera frente al recinto penitenciario, los esbirros le denegaron fríamente el acceso. La excusa oficial fue tramitar una autorización previa con la siniestra Seguridad del Estado.
Se subrayó que infligir semejante desgaste a familias golpeadas por el colapso socioeconómico y el caos de transporte constituye una vil maniobra de tortura psicológica coordinada por la dictadura militar.
“Las visitas son un derecho según todas las normas internacionales de los reclusos y no puede utilizarse la prohibición de estas como castigo por las diferentes opiniones políticas”, afirmó Yaxis Cires, jefe de Estrategias del OCDH, en conversación con Martí Noticias.
Violación sistemática del marco legal penitenciario
Esta actuación quebranta la Ley de Ejecución Penal cubana, normativa formal que el aparato totalitario pisotea de manera consuetudinaria. El ordenamiento legal reconoce el derecho inalienable de los privados de libertad a recibir visitas familiares y exige que cualquier limitación responda a causas objetivas mediante notificación previa.
Sin embargo, la tiranía convirtió los recintos carcelarios en lugares sin ley donde la policía política impone un control absoluto. Para el OCDH, someter a familias a desplazamientos costosos para impedir el contacto revela crueldad premeditada.
La organización denunció que la dictadura manipula perversamente los regímenes penitenciarios para doblegar la dignidad y castigar la libertad de conciencia de cada preso político custodiado en sus mazmorras.
“Forma parte, hay que decirlo, de la estrategia de actuaciones arbitrarias en contra de los prisioneros políticos y de conciencia y de sus familiares”, sostuvo Yaxis Cires al calificar la prohibición.
Persecución y acoso contra la familia Aguilar
El perverso acoso castrista no concluye en los barrotes, sino que persigue encarnizadamente a los parientes de quienes alzan la voz.
El padre del preso político padece una violenta cacería mediante operativos policiales, vigilancia constante y la prohibición de movimiento desde su domicilio. Los pasados 18 y 24 de septiembre, esbirros del régimen cercaron nuevamente su vivienda en La Habana para impedirle salir.
Este ensañamiento responde a una estrategia orientada a estrangular la protesta ciudadana y sembrar el terror.
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Las arbitrariedades cometidas confirman la existencia de una política de hostigamiento feroz contra el entorno de todo disidente que ose exigir justicia pública contra los crímenes de la tiranía militar.
Desprecio total ante las medidas de la CIDH
Frente a la barbarie continuada, las acciones de organismos internacionales han sido desatendidas. En 2022, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de este preso político, dejando constancia del aislamiento e incesantes bloqueos comunicativos estatales.
Posteriormente, en 2025, el organismo amplió la protección hacia el activista Aguilar Bravo y su núcleo familiar tras constatar el sistemático acoso, arrestos arbitrarios y citaciones policiales contra ellos.
Pese al emplazamiento internacional para que la dictadura garantice la defensa de derechos humanos sin violencia, el régimen intensificó la persecución.
Ante esta infamia, el OCDH exigió al Ministerio del Interior el restablecimiento inmediato del régimen de visitas para cada preso político sometido a represalias, demandando el cese de chantajes.
“La Seguridad del Estado no puede convertir las visitas penitenciarias en un instrumento de control político sobre el preso y sus familiares”, aseveró el observatorio en su nota de prensa.