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El joven preso político cubano Lázaro Noel Urgellés Fajardo fue víctima de un nuevo zarpazo judicial de la dictadura castrista, luego de que las autoridades de la prisión de Valle Grande le denegaran la libertad programada y extendieran su encarcelamiento hasta el 20 de enero de 2028 mediante la fabricación arbitraria del delito de «rebeldía».
La desalmada maniobra quedó al descubierto cuando Mailín Fajardo, madre del joven, acudió al centro penitenciario para recibir a su hijo tras el agotamiento de su condena, pautado para el 6 de septiembre.
Según denunció Cubalex, lejos de otorgar la excarcelación, los mandos del departamento de Orden Interior la remitieron a las instancias judiciales de la tiranía, donde le informaron sobre una causa abierta desde finales del año pasado. Sin que la defensa o los familiares hayan recibido un solo documento oficial que fundamente legalmente la dilatación de la pena, el régimen retiene tras las rejas a este preso político sin garantía procesal alguna.

“Cuando yo voy para la prisión a recogerlo, me suben para Orden Interior, me buscan el expediente, me dicen que no está en libertad, que vaya para el tribunal. Voy para el tribunal y me dicen que tiene una acusación hecha por ‘rebeldía’ desde noviembre del 2025. Entonces tenía que empezar a cumplirla a partir del día 6”, dijo la progenitora en declaraciones recogidas por Martí Noticias.
Represalia directa por negarse a ser informante
Esta brutal represalia responde directamente al rechazo innegociable del joven a cooperar con la policía política. Según denunció su progenitora, el cargo de «rebeldía» carece de sustento real, pues Noel Urgellés cumplía estrictamente con los peritajes de conducta, las firmas de control y las jornadas laborales exigidas. Sin embargo, la maquinaria castrista utiliza sistemáticamente la manipulación penal como castigo cuando un ciudadano se niega a actuar como informante.
El único motivo real para castigar al preso político radica en su negativa absoluta a convertirse en chivato al servicio de los órganos represivos de la isla.
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“Dicen que no termina hasta enero del 2028. Hasta donde yo sé, se declara rebelde a una persona cuando no firma, no trabaja, no participa en las reuniones que hacen ellos para verificar si trabaja y que tenga buena conducta. Y Lázaro cumplía con todo. El problema es que cuando tú no cooperas con la Seguridad, la Seguridad te lleva ‘hasta atrás’ y mi hijo no trabaja para la policía, ni yo tampoco”, añadió la mujer.
Antecedentes de ensañamiento y revocación de medidas
El expediente persecutorio contra el joven ya registraba antecedentes de ensañamiento. El 12 de enero de 2025, el régimen revocó sin piedad la medida de correccional sin internamiento que pesaba sobre él, encarcelándolo nuevamente bajo el absurdo argumento de haber salido de su domicilio durante la noche.
Aquella arbitrariedad forzó su reingreso en el presidio de Valle Grande, anulando los tímidos beneficios obtenidos tras un severo proceso judicial.
Criminalización desde las protestas del 11J
Esta espiral de atropellos comenzó durante las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021, cuando este preso político fue arrestado siendo apenas un menor de edad. La tiranía pretendió inicialmente sepultar su juventud aplicándole una desproporcionada condena de 14 años de cárcel, que posteriormente fue reducida a cinco por un tribunal de casación.

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Hoy, la negativa a liberar al joven evidencia el carácter cruel y despiadado de un sistema que no perdona la disidencia. La impunidad con la que opera la dictadura castrista contra cada preso político confirma que en la isla las leyes son únicamente instrumentos de venganza estatal.
Mientras tanto, los verdaderos delincuentes siguen caminando a sus anchas por las calles de país, sembrando terror y sin ser perseguidos por ninguna autoridad.
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