Estados Unidos cuestionó el respaldo internacional a la resolución cubana en la ONU contra el embargo y advirtió que votar a favor de la iniciativa implica apoyar prácticas de trata de personas, corrupción y enriquecimiento de los dirigentes de la dictadura.
El señalamiento lo formuló Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, días antes del debate previsto en la Asamblea General de Naciones Unidas.
“Votar a favor de la resolución del régimen cubano supone apoyar la trata de personas patrocinadas por el Estado, la corrupción y los lujosos estilos de vida de la élite de la dictadura”, escribió el funcionario estadounidense en la red social X.
La declaración trasladó la discusión más allá del embargo económico y puso el foco en las denuncias sobre las condiciones laborales de los profesionales cubanos enviados al extranjero, el destino de los ingresos que generan y el uso de los recursos administrados por las estructuras vinculadas al poder en La Habana.
EEUU denuncia la explotación de trabajadores cubanos en el extranjero
Segura acompañó su mensaje con una imagen que cuestionó la versión del régimen castrista sobre la responsabilidad de las sanciones estadounidenses en la pobreza que afecta a la población de la isla.
El material expuso acusaciones relacionadas con las misiones laborales cubanas en otros países y con la participación de ciudadanos de Cuba en la guerra de Rusia contra Ucrania.
Uno de los señalamientos más graves se refirió a la retención de hasta el 95% de los salarios de trabajadores cubanos desplegados en el extranjero, particularmente de profesionales sanitarios que integran las brigadas médicas.
“Los trabajadores cubanos están, en esencia, sometidos a trabajo forzoso”, indicó la imagen difundida por el diplomático.
Las denuncias cuestionaron el modelo mediante el cual las autoridades cubanas gestionaron durante años la contratación internacional de sus profesionales. Según los señalamientos recogidos en la publicación, la retención de una parte sustancial de los ingresos limitó la capacidad de los trabajadores para disponer libremente de la remuneración correspondiente a sus servicios.
Washington apunta a GAESA y al dinero de la cúpula militar
El funcionario estadounidense también dirigió sus críticas hacia el conglomerado militar que controla una parte importante de la actividad económica cubana. El lunes anterior, Segura denunció el papel de GAESA, el Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en la administración de recursos mientras millones de ciudadanos enfrentaron dificultades para acceder a bienes básicos.
“En el centro de esta cleptocracia se encuentra GAESA, un aparato militar que cuenta con 20.000 millones de dólares en activos ilícitos y que desvía dinero en efectivo hacia cuentas en el extranjero, mientras que el pueblo cubano sufre cortes de electricidad y pasa hambre”, escribió.
La acusación contrastó la capacidad económica atribuida a las estructuras militares con la crisis que golpea a los cubanos.
La resolución cubana en la ONU volvió así a convertirse en un escenario de confrontación diplomática entre Washington y La Habana, con posiciones enfrentadas sobre el embargo y sobre las responsabilidades del régimen en la crisis económica de la isla.
El material difundido por Segura también sostuvo que miles de cubanos fueron enviados a combatir junto a las fuerzas rusas en Ucrania e incluyó acusaciones relacionadas con actividades de sabotaje en países de la OTAN y de la Unión Europea. Estos señalamientos formaron parte de la argumentación presentada por Washington contra las prácticas atribuidas a las autoridades cubanas.
La votación sobre el embargo llegará a finales de octubre
Las declaraciones se produjeron después de que la Misión Permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas organizara el encuentro “Cuba Libre: la opresión que esconde La Habana”, en el que participaron los expresos políticos José Daniel Ferrer y Luis Manuel Otero Alcántara, la congresista republicana Nicole Malliotakis y los investigadores María Werlau y Emilio Morales, entre otros invitados.
La actividad buscó exponer ante representantes y observadores internacionales denuncias sobre la represión política y las prácticas del régimen cubano que, según los participantes, quedaron fuera de la narrativa oficial de La Habana.
El debate anual de la Asamblea General sobre la resolución que exige el fin del embargo estadounidense quedó previsto para los días 27 y 28 de octubre de 2026, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
Antes de esa votación, Washington intensificó sus cuestionamientos a las autoridades cubanas y vinculó el respaldo a la resolución cubana en la ONU con la responsabilidad política de los países que apoyen la iniciativa, en medio de las denuncias sobre explotación laboral, corrupción y el manejo de los recursos económicos de la dictadura.
La confrontación anticipó una nueva disputa diplomática en Naciones Unidas, donde el debate sobre el embargo volverá a enfrentar a Estados Unidos y Cuba, mientras Washington insistió en que la situación de los derechos humanos y las prácticas económicas del régimen también debían formar parte de la discusión internacional.
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