La Seguridad del Estado del régimen castrista volvió a desplegar un amplio operativo de vigilancia contra periodistas independientes, activistas y opositores durante la conmemoración del quinto aniversario de las históricas protestas del 11 de julio de 2021.
Entre los principales afectados figuraron la periodista Camila Acosta y el escritor Ángel Santiesteban, quienes denunciaron que agentes del aparato represivo del régimen castrista permanecieron apostados frente a su vivienda para impedir cualquier intento de salida.
El nuevo cerco de la Seguridad del Estado castrista coincidió con otra jornada de tensión en la isla, marcada por reportes de cacerolazos, manifestaciones aisladas y un reforzamiento de la presencia policial en diferentes provincias, mientras las autoridades intentaron impedir cualquier expresión pública relacionada con el aniversario del levantamiento popular que sacudió al país hace cinco años.
De acuerdo con la denuncia realizada por Acosta, los agentes de la policía política abandonaron las inmediaciones del edificio cerca de la medianoche del sábado, pero regresaron pocas horas después para reinstalar el operativo.
La periodista explicó que el escritor Ángel Santiesteban intentó salir del inmueble, pero un agente de la Seguridad del Estado lo interceptó antes de que pudiera abandonar el edificio.
“Ahí está la patrulla con dos policías y dos mujeres vestidas de civil. Es el mismo de la Seguridad del Estado de ayer”, denunció Acosta al describir el dispositivo desplegado frente a su residencia.
Asimismo, este domingo, la comunicadora denunció que agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria se encontraban apostados a las afueras de su residencia.
“Segunda jornada consecutiva de vigilancia y reclusión domiciliaria arbitraria a Ángel Santiesteban-Prats y a mí”, escribió en su perfil de Facebook junto a un video en el que se aprecia a los agentes de la Seguridad del Estado castrista.
Este nuevo episodio confirmó la continuidad del hostigamiento que ambos denunciaron desde el viernes, cuando comenzó un amplio operativo de vigilancia contra numerosos integrantes de la sociedad civil independiente.
En esa oportunidad, Camila Acosta informó que el oficial identificado como Mario Raciel Soulary Garcés permaneció vigilando su vivienda mientras buena parte del país enfrentaba prolongados apagones provocados por la crisis del Sistema Electroenergético Nacional.
La periodista cuestionó entonces las prioridades del régimen castrista al señalar que “para la represión y el hostigamiento a la prensa independiente el régimen dispone de todos los recursos”, pese a las constantes fallas eléctricas que afectaron a millones de cubanos.
La Seguridad del Estado Cuba amplió el cerco contra opositores
Es importante mencionar que el operativo de la Seguridad del Estado no se limitó únicamente a la vivienda de Acosta y Santiesteban. Diversas organizaciones y activistas denunciaron que la Seguridad del Estado extendió la vigilancia hacia otros referentes de la oposición democrática y del periodismo independiente.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) informó que su presidente, Manuel Cuesta Morúa, y la activista María Mercedes Benítez también amanecieron bajo vigilancia de la policía política.
La organización denunció que “cinco años después, el régimen sigue respondiendo con represión a quienes ejercen pacíficamente sus derechos y libertades”, al denunciar el nuevo despliegue represivo.
Asimismo, la directora de 14ymedio, Yoani Sánchez, también reportó restricciones similares, mientras el activista Adelth Bonne Gamboa denunció la presencia permanente de una patrulla policial frente a su edificio.
Bonne recordó además que su comunidad acumuló más de 17 días sin suministro de agua potable, una situación que reflejó el deterioro de los servicios básicos mientras las autoridades concentraron recursos en las labores de vigilancia política.
A estas denuncias se sumó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que informó que Wilber Aguilar, padre del preso político Walnier Luis Aguilar, permaneció igualmente bajo vigilancia y recibió la prohibición de abandonar su domicilio.
El recuerdo del 11J continuó provocando temor en el régimen
La intensidad del operativo de la dictadura coincidió con nuevos reportes de protestas y cacerolazos registrados durante la noche del sábado en distintas localidades del país, desde Artemisa hasta varios barrios de La Habana.
Diversas plataformas independientes informaron sobre movimientos de inconformidad ciudadana mientras las fuerzas represivas incrementaron la presencia policial para impedir que las manifestaciones adquirieran mayor alcance.
El temor del régimen castrista ante cualquier movilización social continuó estrechamente vinculado al recuerdo del 11 de julio de 2021.
Aquel día, miles de cubanos salieron espontáneamente a las calles en más de medio centenar de ciudades y municipios para exigir libertad, mejores condiciones de vida y cambios políticos, en medio del agravamiento de la crisis económica, los apagones, la escasez de alimentos y medicamentos y la falta de libertades fundamentales.
La respuesta del dictador Miguel Díaz-Canel marcó uno de los momentos más controvertidos de la historia reciente de Cuba al emitir la conocida “orden de combate”, tras la cual el régimen desplegó efectivos del Ministerio del Interior, tropas especiales y grupos oficialistas para contener las manifestaciones.
Paralelamente, las autoridades restringieron el acceso a internet con el objetivo de dificultar la comunicación entre los manifestantes y limitar la difusión internacional de imágenes de la represión.
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