EDITORIAL | Más de medio siglo de apagones, promesas oficiales y decisiones energéticas impide atribuir a un presidente estadounidense el origen del desastre eléctrico cubano.
Investigación documental con corte al 20 de octubre de 2026.
No. Donald Trump no es el culpable de los apagones en Cuba ni originó la crisis eléctrica de la isla. Los apagones recurrentes, las averías, los errores de planificación y las promesas de solución aparecen documentados décadas antes de su llegada a la Casa Blanca. La responsabilidad política por haber administrado el país y su sistema energético durante ese tiempo corresponde al régimen castrista.
Esa conclusión exige una precisión: demostrar la responsabilidad del régimen no requiere fingir que las sanciones estadounidenses carecen de efectos. Una restricción al combustible puede agravar los cortes. Lo que no puede hacer es explicar retroactivamente el mal mantenimiento reconocido por Fidel Castro en 1971 ni borrar las decisiones tomadas desde La Habana. El origen, la vulnerabilidad acumulada y los agravantes de una crisis son asuntos distintos.
En este editorial
Los apagones en Cuba que Fidel Castro reconoció en 1971
El 29 de noviembre de 1971, durante su visita a Chile, Fidel Castro explicó que el pico eléctrico lo veían «casi todos los días» y que se traducía en apagones. Reconoció problemas de mantenimiento y errores en la compra de cocinas eléctricas, junto con tarifas que estimulaban el consumo. La intervención está conservada en Archivo Chile; el pasaje aparece en la página 3 del PDF.
El documento establece un punto de partida comprobable: los apagones recurrentes en Cuba no nacieron con el Período Especial. Tampoco comenzaron con Trump, que asumió por primera vez la presidencia estadounidense en 2017. La cronología refuta esa atribución personal; por sí sola no mide todos los efectos históricos del embargo.
El reconocimiento de 1971 describe también un problema de gobierno. Si crece la demanda por la electrificación y el uso de equipos domésticos, corresponde al Estado que controla el sistema ampliar y mantener la oferta. El acceso de las familias a una cocina o un ventilador exige planificación; no convierte a esas familias en responsables del déficit.
Los apagones en Cuba tampoco empezaron en 1971. En un reportaje publicado por Diario las Américas el 20 de septiembre de 2025, el periodista Iván García recogió el testimonio de un vecino de Ovas, en Pinar del Río, que recuerda cómo la electrificación de su caserío, en 1966, trajo a los pocos días bajo voltaje y cortes de dos a tres horas. Un ingeniero eléctrico jubilado citado en el mismo texto calcula cortes de hasta ocho horas diarias en algunas regiones durante esa década. Son testimonios, no estadísticas oficiales, pero coinciden con el recorte de prensa de 1966 que acompaña este editorial y con lo que Fidel admitió en Chile.
El Período Especial agravó una dependencia anterior
La desaparición del suministro soviético agravó drásticamente el problema en los años noventa. José Luis Rodríguez, exministro de Economía, escribió que las importaciones de petróleo y derivados descendieron de 10,2 millones de toneladas en 1990 a 5,5 millones en 1993. Su análisis describe además la adaptación de las termoeléctricas para quemar crudo nacional pesado.
La dependencia también tuvo una parte de decisión propia. Desde comienzos de los setenta, Cuba vendía en Europa Occidental, a cambio de divisas, derivados obtenidos en gran parte del crudo soviético, y con los años amplió esas ventas al propio crudo, según un estudio del economista Jorge F. Pérez-López publicado en The Energy Journal en 1987. Un exfuncionario de Comercio Exterior citado por Diario las Américas sostiene que parte de los apagones en Cuba de aquellos años pudo evitarse con ese combustible.
El ejemplo más caro de aquella apuesta es la central electronuclear de Juraguá, en Cienfuegos. Las obras comenzaron en 1983 con reactores soviéticos VVER-440 y se paralizaron en 1992, con más de 1.100 millones de dólares ya invertidos. Hoy solo quedan ruinas. La prensa oficial la había presentado como «la obra del siglo»; los 880 MW previstos nunca llegaron a la red.
El suministro externo sostuvo el funcionamiento de un sistema cuya vulnerabilidad reapareció al perder a su principal proveedor. La responsabilidad de gobernar incluía reducir ese riesgo. La dependencia de apoyos políticos no ofreció una garantía permanente de seguridad energética.
En 2004 volvió a fallar la Antonio Guiteras
La crisis de 2004 tuvo como detonante una avería importante en la termoeléctrica Antonio Guiteras. El balance contemporáneo de IPS recoge interrupciones de generación desde mayo y medidas extraordinarias sobre la actividad económica. La normalización anunciada en noviembre no eliminó los apagones programados.
El episodio importa porque muestra un sistema vulnerable a la pérdida de una instalación esencial. No basta con exhibir capacidad nominal: hacen falta equipos disponibles, combustible, redes y reservas para soportar averías.
Las recuperaciones posteriores tampoco deben borrarse. Cuba tuvo períodos de mayor estabilidad. Reconocerlos permite evaluar el verdadero fracaso: las soluciones anunciadas no aseguraron continuidad duradera.
Las promesas de acabar con los apagones en Cuba
El 17 de enero de 2006, Fidel Castro aseguró: «Pinar del Río no volverá a conocer ya los apagones». Un despacho de EFE de la época vinculaba la promesa con la nueva generación instalada.
En diciembre de 2007, una crónica sobre la Mesa Redonda presentaba los cortes como eliminados y describía una red capaz de resistir contingencias importantes. El anuncio quedó registrado; la estabilidad duradera no quedó garantizada.
El 21 de junio de 2014, el Consejo de Ministros aprobó la «Política para el Desarrollo Perspectivo de las Fuentes Renovables y el Uso Eficiente de la Energía 2014-2030». Según el Ministerio de Energía y Minas, entre sus objetivos fundamentales figuraban aumentar hasta un 24 % la utilización de las fuentes renovables y no incrementar la dependencia de las importaciones de combustibles para la generación. Esa meta oficial, fijada antes del primer mandato de Trump, también debe evaluarse por sus resultados.
Quince años después del anuncio de 2007, Granma reconoció que el incendio de Felton 2 había impedido cumplir el compromiso de aportar 740 MW para el verano de 2022. En mayo de 2024, la dirección de la Unión Eléctrica volvió a anunciar mejorías estivales, pero aclaró que no podía comprometerse a eliminar los cortes.
En mayo de 2025, el objetivo publicado por Granma era reducir las afectaciones a cuatro horas diarias en promedio por cliente. La precisión importa: un promedio no garantiza un máximo de cuatro horas para cada vivienda. Tampoco una promesa de reducción equivale a otra de cero apagones.
Las declaraciones permiten exigir cuentas sin inventar un número total de promesas ni confundir recuperaciones temporales con garantías permanentes. Las autoridades han anunciado repetidamente soluciones a los apagones en Cuba sin asegurar un servicio estable a largo plazo.
Los aliados de La Habana también fabrican tecnología eléctrica
El mundo no depende de un único proveedor estadounidense para fabricar equipos de generación. China cuenta con Dongfang Electric; Rusia, con Power Machines; e India, con BHEL. Sus catálogos documentan fabricación de turbinas, generadores, calderas y otros equipos para centrales.
China y Rusia son, además, socios políticos de La Habana. La oposición internacional al embargo está documentada en Naciones Unidas; ese respaldo diplomático debe distinguirse de la existencia de un contrato comercial concreto.
El argumento serio no consiste en afirmar que Cuba puede comprar cualquier máquina sin restricciones. La existencia de un fabricante no garantiza crédito, seguros, transporte, compatibilidad técnica ni cumplimiento de las normas aplicables a cada operación. Sí obliga a examinar qué acuerdos se negociaron, cuánto se pagó y qué resultados produjeron.
Hay acuerdos documentados. En un discurso publicado por Granma el 30 de diciembre de 2015, Raúl Castro destacó financiamiento ruso en condiciones ventajosas para cuatro bloques de 200 MW cada uno: 800 MW previstos. Ese anuncio antecede a Trump y exige una rendición de cuentas sobre ejecución, plazos y obstáculos. No autoriza a presentar los 800 MW anunciados como capacidad efectivamente instalada.
Dos meses antes, el 20 de octubre de 2015, RT en Español informó, a partir de un proyecto de acuerdo aprobado por el Gobierno ruso, de un crédito estatal de exportación de 1.200 millones de euros para esas cuatro unidades: una en la termoeléctrica Máximo Gómez y tres en la Central Termoeléctrica Este Habana. El acuerdo quedaba pendiente de firma por el Ministerio de Finanzas ruso tras negociarlo con la parte cubana.
También hay entregas materiales. En septiembre de 2024, Granma informó de diez generadores donados por China, con una contribución prevista de unos 18 MW. En diciembre anunció la llegada de 69 toneladas de componentes dentro de un proyecto para recuperar 400 MW de generación distribuida. La llegada de ese primer lote tampoco prueba la recuperación completa de los 400 MW.
Estos hechos desmienten una imposibilidad absoluta de recibir tecnología energética extranjera. La cuestión pendiente es por qué la cooperación, los suministros y los anuncios no se han traducido en electricidad suficiente y sostenida.
El mantenimiento que el propio régimen reconoce pendiente
En mayo de 2024, el director general de la UNE explicó que Felton 2 estaba en avería permanente y que, entre las otras quince unidades termoeléctricas, todas salvo una estaban fuera de su ciclo de mantenimiento. Señaló también que el sistema requería unos 300 millones de dólares anuales de los que no se había dispuesto en los últimos años.
Es una admisión de la institución que administra el servicio. El problema no se reduce a un barco de combustible retrasado: incluye decisiones acumuladas sobre mantenimiento y financiamiento.
Un análisis de José Luis Rodríguez publicado en Granma en febrero de 2024 reclamó corregir desproporciones de inversión. Entre enero y septiembre de 2023, la industria azucarera había recibido el 0,5 % del total; el suministro de electricidad, gas y agua, conjuntamente, el 10,8 %. Esta última categoría no equivale a inversión eléctrica exclusivamente.
La escasez de recursos obliga a elegir. Precisamente por eso el Gobierno debe explicar sus prioridades, sus resultados y el costo de las obras que no cumplen lo prometido.
El desmantelamiento azucarero también tuvo una dimensión energética
Los centrales azucareros aprovechaban el bagazo de la caña para producir vapor y electricidad. Un documento técnico alojado por la FAO registra 149 ingenios con turbogeneradores, de un conjunto de 156, y 72 sincronizados con el sistema nacional. La industria produjo 1.262 GWh en 1991, el 9,6 % de la generación del país.
Esos datos requieren cuidado: capacidad instalada no equivale a entrega neta a la red. El sector consumía electricidad y necesitaba modernización. No se puede convertir toda su potencia en un supuesto suministro disponible para las viviendas.
La reestructuración de 2002, conocida como Tarea Álvaro Reynoso, preveía desactivar 71 centrales: 61 destinados al desmontaje, cinco en reserva y cinco convertidos en museos. Otros 71 continuarían produciendo azúcar crudo y catorce se dedicarían a azúcar y mieles para alimentación animal, según la reconstrucción publicada por ASCE.
La inferencia energética es razonable: la contracción del cultivo y la molienda debilitó la base de biomasa y las posibilidades de cogeneración. Lo que este expediente no permite calcular es cuántos megavatios netos se perdieron exclusivamente por cada cierre.
El caso Ciro Redondo demuestra que invertir tampoco basta si falla la ejecución. En enero de 2024, Granma describió problemas del ingenio y su bioeléctrica, vibraciones en el rotor y fechas de arranque incumplidas, con una inversión conjunta superior a 330 millones de dólares.
Qué regaló Cuba y qué debe atribuirse a otros gobiernos
También existen antecedentes comprobables de recursos industriales destinados al exterior. El ingenio Victoria de Julio, o TIMAL, en Nicaragua, recibió financiamiento cubano que Fidel Castro condonó durante su inauguración en enero de 1985. La Prensa sitúa el importe en 73,8 millones de dólares; las cifras publicadas por otras crónicas difieren.
Un reportaje del Cayman Compass de diciembre de 1984 señalaba que la fábrica había estado prevista dentro de un programa cubano y que incorporaría generación con bagazo para cubrir necesidades propias y de poblaciones cercanas. Es un antecedente relevante de asignación de recursos industriales. No constituye una explicación cuantificada de los apagones actuales.
En Vietnam, fuentes del país receptor describen la fábrica Nuoc Trong como un regalo cubano: comenzó a construirse en 1988 y se inauguró en 1992. Ninguno de esos dos proyectos puede presentarse como consecuencia del desmontaje azucarero de 2002, porque ambos son anteriores.
En Haití, en cambio, un boletín institucional atribuye el financiamiento de tres centrales térmicas, con 61,2 MW en conjunto, a Venezuela y su construcción a una empresa cubana. Presentarlas como plantas pagadas íntegramente por Cuba falsearía la atribución del gasto.
Por qué Trump no es el culpable de los apagones en Cuba
Las medidas estadounidenses deben describirse por su fecha y alcance. El 29 de enero de 2026, Trump firmó una orden que establecía un mecanismo para imponer aranceles a países que suministraran petróleo a Cuba. El 20 de febrero, otra orden dispuso que dejaran de estar vigentes los aranceles adicionales impuestos al amparo de IEEPA por las órdenes enumeradas, incluida la relativa a Cuba, sin eliminar por ello todas las demás medidas.
El 1 de mayo, una nueva orden autorizó sanciones contra personas extranjeras determinadas por las autoridades estadounidenses bajo criterios que incluyen actividad en el sector energético cubano. Eso no equivale a una prohibición automática de toda operación extranjera, pero tampoco permite afirmar que los proveedores están siempre al margen de riesgos sancionatorios.
Las restricciones pueden dificultar suministros y transacciones. Su efecto sobre un apagón concreto debe probarse con la causa técnica, el combustible disponible y la operación afectada. Ni todo corte puede atribuirse a Washington ni toda influencia externa puede descartarse por principio.
Pero ninguna de esas medidas explica los apagones en Cuba que Fidel reconoció en 1971, la crisis de 2004, las promesas de 2006 o el mantenimiento atrasado admitido en 2024. El expediente impide convertir a Trump en autor de una crisis anterior a sus gobiernos.
Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas en Austin, calculó en septiembre de 2025 que superar los apagones en Cuba exigiría de tres a cinco años y hasta 10.000 millones de dólares. Admite que el embargo complica la financiación, pero sitúa la causa principal en la centralización del modelo económico cubano.
La responsabilidad que debe exigir el ciudadano
Para Cubanos por el Mundo, la responsabilidad política y estructural del desastre eléctrico corresponde al régimen castrista: ha concentrado las decisiones sobre planificación, inversión y operación del sistema y debe responder por sus resultados. Esa es una valoración editorial sustentada en los hechos anteriores, no la afirmación de que cada interrupción tenga una sola causa física.
El ciudadano tiene derecho a conocer cuánto se destinó al mantenimiento, qué ocurrió con cada proyecto anunciado, qué equipos están disponibles y qué dependencia se decidió conservar. La palabra «embargo» no sustituye ese balance.
Trump no gobernaba Cuba cuando Fidel reconoció los apagones. Tampoco decidió la reestructuración azucarera ni administró los ciclos de mantenimiento de la UNE. El régimen que exige crédito por cada megavatio inaugurado debe responder también por los que dejó de asegurar.
En nuestro archivo: Díaz-Canel celebra la transición energética en Cuba, mientras los cubanos siguen esperando electricidad estable.
