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Belice no renovará el acuerdo médico con Cuba vigente desde 1990 y contratará directamente a los integrantes de la brigada cubana que permanecen en el país, informó su Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado fechado el 31 de octubre y divulgado el 3 de noviembre. La medida cierra 36 años de ese programa.
El comunicado indica que «el Gobierno de Belice y Cuba» no renovarán el convenio. El ministro de Salud y Bienestar, Kevin Bernard, explicó a Greater Belize Media que la decisión salió del Gabinete: «Como Gobierno, a través del Gabinete, acordamos poner fin a la brigada en lo que respecta a su programa».
El cambio no implica la expulsión de los sanitarios ni la interrupción inmediata de sus actividades. El Gobierno beliceño optó por conservar sus servicios, pero elimina la intermediación del convenio institucional con las autoridades cubanas. De esta manera, los profesionales podrán continuar en sus puestos mediante contratos individuales con el Ministerio de Salud y Bienestar.
Brigada cubana en Belice
La decisión tiene un alcance concreto: la brigada cubana en Belice la integran unos 92 trabajadores, entre ellos 45 médicos, según cifras oficiales divulgadas por la prensa beliceña. El resto del personal incluye enfermeros, radiólogos y técnicos sanitarios que desempeñan distintas funciones en el sistema de salud del país centroamericano.
La Cancillería beliceña explicó que la continuidad de la atención dependerá de la nueva modalidad de contratación. En su comunicación oficial, las autoridades señalaron que el Ministerio de Salud y Bienestar «firmará contratos individuales de trabajo con cada profesional, que les permitirán permanecer y trabajar en Belice». Hasta ahora no han revelado cuándo se firmarán esos contratos ni cuánto cobrarán los profesionales.
El anuncio separa la prestación de los servicios médicos de la estructura contractual que durante décadas administró el régimen cubano. El primer ministro, John Briceño, ya había asegurado el 27 de mayo a Greater Belize Media que su Gobierno pagaba a los médicos directamente y no al Gobierno cubano.
Archivo Cuba cuestiona los contratos directos a médicos cubanos
El cambio de modalidad no despeja, según la organización Archivo Cuba, uno de los principales cuestionamientos internacionales contra las misiones médicas cubanas: el control que ejercen las autoridades de la Isla sobre los ingresos de sus profesionales.
En su hoja informativa sobre las brigadas, Archivo Cuba señala que, en ciertos casos en los que el pago se deposita en la cuenta bancaria del trabajador, este está obligado a remitir la mayor parte al Estado cubano.
Su directora ejecutiva, María Werlau, advirtió a Martí Noticias que, según informes recibidos de otros países del Caribe, el pago directo da lugar a que responsables de las brigadas obliguen a los trabajadores a enviar parte del salario a una cuenta del Gobierno cubano. «Yo me pregunto qué garantías va a haber de que, aunque no haya un convenio por detrás, eso no se siga haciendo», afirmó. Werlau admitió que esos arreglos informales son difíciles de rastrear: «No hay forma de probarlo».
Estados Unidos atribuye a su presión la salida de varios países
La decisión de Belice también se produce en un escenario de creciente presión diplomática de Estados Unidos contra el sistema de contratación internacional de profesionales cubanos. Washington cuestiona las condiciones laborales de estas brigadas y advierte a los países receptores sobre las posibles consecuencias de facilitar acuerdos que, según sus investigaciones, pueden favorecer prácticas de trata de personas.
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En su Informe sobre la Trata de Personas 2026, publicado el 8 de octubre, el Departamento de Estado pidió a los gobiernos poner fin a los acuerdos que mantienen al régimen cubano como intermediario y valorar la contratación directa de los trabajadores. También les dirigió una advertencia:
«El hecho de actuar como facilitadores activos de la trata de personas, incluso como socios en este programa, suscita preocupación por la complicidad y socava las medidas contra la trata», señaló el Departamento de Estado.
Las advertencias no se limitaron a declaraciones diplomáticas. Washington también utilizó restricciones de visas y medidas económicas para aumentar la presión sobre las estructuras responsables de gestionar las misiones sanitarias.
El medio beliceño 7 News interpretó la decisión como un intento de apaciguar la exigencia de Washington sobre el trabajo forzoso, y dejó abierta la duda de si esa fórmula intermedia satisfará a Estados Unidos. La encargada de negocios de la embajada estadounidense en Belice, Katharine Beamer, había expresado en junio a Greater Belize Media su apoyo a que el país desmontara el programa.
7 News también consideró que la medida busca evitar el colapso de los servicios de salud públicos. Por su parte, el ministro Bernard declinó aclarar si las tensiones diplomáticas influyeron y remitió esa pregunta a la Cancillería, según Greater Belize Media.
El 23 de julio, el Departamento de Estado sancionó a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC), empresa estatal que gestiona las misiones médicas en el extranjero, al amparo de la Orden Ejecutiva 14404. Los bienes bloqueados deben notificarse a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro.
Según Washington, las misiones son una de las mayores fuentes de divisas del régimen cubano y explotan a trabajadores en más de 50 países. La inclusión de la CSMC en la lista de sanciones alcanza a una de las estructuras que La Habana utiliza para comercializar personal sanitario.
El Informe sobre la Trata de Personas sostiene que la presión diplomática redujo la cantidad de trabajadores cubanos exportados, de 24.000 a comienzos de 2025 a entre 15.000 y 18.000 en 2026, presentes en 53 países. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó el documento como «unilateral y mendaz».
La no renovación del acuerdo médico con Cuba en Belice se suma así a un escenario de retroceso para el sistema de contratación que sostuvo durante décadas una importante fuente de ingresos para el Estado cubano.
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Nota de corrección (4 de noviembre de 2026): una versión anterior de esta nota atribuía las sanciones de julio contra la CSMC a la OFAC, presentaba la no renovación solo como decisión de Belice sin recoger el texto del comunicado («el Gobierno de Belice y Cuba») e incluía entre comillas una frase de Archivo Cuba que no pudimos localizar en sus documentos. Se corrigió la autoría de las sanciones (Departamento de Estado), se añadió la redacción oficial y se sustituyó esa frase por lo que Archivo Cuba y María Werlau han dicho de forma verificable.
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