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La estructura internacional que permitió al régimen cubano comercializar los servicios de sus profesionales de la salud recibió un nuevo revés. Belice decidió terminar el mecanismo de cooperación que mantuvo con La Habana durante 36 años y anunció que contratará directamente a los integrantes de la brigada médica que permanecen en su territorio.
La decisión afectó un acuerdo médico con Cuba que estuvo vigente desde 1990 y modificó las condiciones bajo las cuales el Estado cubano gestionó el envío de sus trabajadores.
El cambio no implicó la expulsión de los sanitarios ni la interrupción inmediata de sus actividades. El Gobierno beliceño optó por conservar sus servicios, pero eliminó la intermediación del convenio institucional con las autoridades cubanas. De esta manera, los profesionales podrán continuar en sus puestos mediante acuerdos laborales individuales con el Ministerio de Salud y Bienestar.
Brigada cubana en Belice
La decisión tuvo un alcance concreto: la brigada cubana en Belice estuvo integrada por 92 trabajadores, entre ellos 45 médicos. El resto del personal incluyó enfermeros, radiólogos y técnicos sanitarios que desempeñaron distintas funciones dentro del sistema de salud del país centroamericano.
La Cancillería beliceña confirmó que no renovará el convenio y explicó que la continuidad de la atención dependerá de una nueva modalidad de contratación. En su comunicación oficial, las autoridades señalaron que el Ministerio de Salud y Bienestar «firmará contratos individuales de trabajo con cada profesional, que les permitirán permanecer y trabajar en Belice».
El anuncio representó un cambio importante para La Habana porque separó la prestación de los servicios médicos de la estructura contractual que durante décadas administró el régimen castrista. En lugar de renovar el compromiso con el Estado cubano, Belice decidió establecer relaciones laborales directamente con quienes prestaron la atención sanitaria.
Advertencia sobre nuevo mecanismos para contratar médicos cubanos
Sin embargo, el cambio de modalidad no resolvió automáticamente uno de los principales cuestionamientos internacionales contra las misiones médicas cubanas: el control que ejercieron las autoridades de la Isla sobre los ingresos de sus profesionales.
El proyecto Archivo Cuba documentó que los mecanismos de retención de salarios también afectaron a trabajadores que recibieron pagos directamente de las instituciones extranjeras.
La organización advirtió que «incluso cuando los trabajadores cubanos exportados son pagados ‘directamente’», las autoridades de La Habana los obligaron a enviar una parte considerable de sus remuneraciones al Estado. Por tanto, la contratación individual deberá traducirse en garantías efectivas para los trabajadores.
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La presión estadounidense aceleró el cambio de varios países
La decisión de Belice también se produjo en un escenario de creciente presión diplomática de Estados Unidos contra el sistema de contratación internacional de profesionales cubanos. Washington cuestionó las condiciones laborales de estas brigadas y advirtió a los países receptores sobre las posibles consecuencias de facilitar acuerdos que, según sus investigaciones, pudieron favorecer prácticas de trata de personas.
En octubre, la Administración de Donald Trump dirigió una advertencia a los gobiernos que participaron en estos programas.
«El hecho de actuar como facilitadores activos de la trata de personas, incluso como socios en este programa, suscita preocupación por la complicidad y socava las medidas contra la trata», señaló el Gobierno estadounidense.
Las advertencias no se limitaron a declaraciones diplomáticas. Washington también utilizó restricciones de visas y medidas económicas para aumentar la presión sobre las estructuras responsables de gestionar las misiones sanitarias.
La prensa local en Belice interpretó la decisión de las autoridades como una respuesta a la presión de Estados Unidos sobre los países que mantienen acuerdos con las brigadas médicas cubanas, señaladas por Washington por presuntas prácticas de trabajo forzoso contra sus profesionales.
Al mismo tiempo, medios de ese país consideraron que la medida buscó garantizar la continuidad de la atención sanitaria y evitar un posible deterioro de los servicios médicos en Belice ante la modificación del convenio con La Habana.
En julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC), empresa estatal que administró la contratación de profesionales de la salud enviados al extranjero.
La entidad constituyó una pieza central del modelo económico mediante el cual el régimen castrista obtuvo ingresos por los servicios de miles de trabajadores desplegados en más de 50 países. Su inclusión en la lista de sanciones estadounidenses golpeó directamente a una de las estructuras utilizadas por La Habana para comercializar personal sanitario.
El impacto de estas medidas también apareció en las cifras recogidas por Washington. Según su Informe Anual sobre la Trata de Personas, la cantidad de trabajadores cubanos exportados cayó de aproximadamente 24.000 a comienzos de 2025 a un rango de entre 15.000 y 18.000 durante 2026.
La modificación del acuerdo médico con Cuba en territorio beliceño se sumó así a un escenario de retroceso para el sistema de contratación que sostuvo durante décadas una importante fuente de ingresos para el Estado cubano.
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