La Fiscalía de Estados Unidos pidió al juez Alvin Hellerstein rechazar la inmunidad de Nicolás Maduro y Cilia Flores y mantener abierto el proceso penal en Nueva York. Su argumento parte de una posición política sostenida por Washington desde 2019: no reconoce al dirigente chavista como presidente legítimo de Venezuela.
La novedad es una oposición de los fiscales a las solicitudes de la defensa, no una resolución judicial que haya cerrado la discusión. Las fuentes consultadas para esta nota no acreditan que Hellerstein haya resuelto ya esas mociones.
El abogado venezolano Nizar El Fakih informó el 3 de octubre sobre la actuación fiscal del día anterior. Según su reporte, cuatro fiscales suscribieron la oposición, acompañada de una declaración del Departamento de Estado sobre el desconocimiento de Maduro y Flores como presidente y primera dama.
Los dos argumentos contra la inmunidad de Maduro
El primer frente es el reconocimiento del cargo. Según el resumen de El Fakih, Washington vincula su negativa a reconocer a Maduro con las elecciones de 2018, que considera fraudulentas. La Fiscalía busca que esa posición impida al acusado acogerse a la protección de un jefe de Estado.
El segundo se refiere a la naturaleza de las conductas imputadas. Los fiscales sostienen, de acuerdo con el mismo reporte, que los hechos relacionados con cocaína, narcoterrorismo y armas habrían servido para vulnerar la ley, no para ejercer legítimamente funciones públicas. Por ello rechazan también la inmunidad basada en actos oficiales.
Son argumentos de la acusación. Todavía deben ser examinados por el tribunal junto con los planteamientos de los abogados defensores.
Qué sostiene la defensa y quién decide
La defensa de Maduro solicitó el 2 de septiembre desestimar los cargos alegando su condición de jefe de Estado de un país soberano. Reuters informó entonces que la audiencia sobre las solicitudes de desestimación estaba prevista para el 17 de noviembre.
Un análisis del Servicio de Investigación del Congreso, fechado el 4 de marzo, explica que los tribunales estadounidenses suelen conceder un peso importante al Ejecutivo al determinar quién es jefe de Estado. El informe examina el antecedente de Manuel Noriega, pero advierte que las decisiones de aquel caso no son automáticamente vinculantes para el circuito judicial de Nueva York.
Por eso importa separar las funciones: el Departamento de Estado expresa la posición del Ejecutivo; los fiscales solicitan una decisión; Hellerstein resuelve las cuestiones planteadas ante su tribunal. La postura de Washington no debe confundirse con un fallo sobre la culpabilidad de los acusados.
Los cargos no son idénticos para Maduro y Flores
La acusación sustitutiva publicada por el Departamento de Justicia, identificada como S4 11 Cr. 205 (AKH), permite precisar otro punto: Maduro enfrenta cuatro cargos, mientras que Flores figura en tres.
A Maduro se le atribuyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y dos cargos relacionados con ametralladoras y artefactos destructivos. Flores está incluida en los cargos sobre cocaína y armas, pero no en el primero, relativo a narcoterrorismo.
El documento acusa a funcionarios y familiares de utilizar instituciones venezolanas para favorecer el tráfico de drogas. Es una acusación que debe probarse ante la justicia. Maduro y Flores se han declarado no culpables.
Como informó Cubanos por el Mundo al cubrir el calendario del caso, el inicio del juicio fue fijado para el 1 de junio de 2027. Las mociones preliminares forman parte de la disputa que debe resolverse antes de llegar a esa etapa.
La fianza de Cilia Flores es una discusión distinta
En paralelo, CPM documentó la oposición de la Fiscalía a conceder libertad bajo fianza a Cilia Flores, sustentada en el riesgo de fuga y otros peligros alegados por los fiscales. Esa solicitud aborda las condiciones de su detención; la inmunidad cuestiona si el proceso puede seguir adelante.
La dimensión política tampoco termina en el tribunal. Nuestra cobertura de las advertencias de Amnistía Internacional sobre Venezuela recoge la preocupación por la continuidad de las estructuras represivas después de la captura de Maduro. La responsabilidad penal que se discute en Nueva York y las demandas de justicia de los venezolanos son asuntos relacionados, pero no equivalentes.
Por ahora, el avance comprobado es la petición fiscal de mantener el caso. Presentarlo como una inmunidad ya anulada por el juez adelantaría una conclusión que las fuentes revisadas no permiten sostener.
Fuentes y alcance: se consultaron la acusación oficial del Departamento de Justicia, el análisis del Servicio de Investigación del Congreso, Reuters y el archivo de CPM. Para la oposición presentada el 2 de octubre se utilizó el reporte de Nizar El Fakih, reproducido por La Patilla y recogido por Europa Press, agencia a la que atribuye la información Semana. No se obtuvo el escrito completo de esa oposición.
