El caso de Anna Bensi volvió al centro de la atención este martes durante El Mañanero, conducido por Alex Otaola, donde participaron el abogado Santiago Alpízar y Elmis Rivero Silvente, la hermana de la joven activista cubana.
Durante el programa se cuestionaron los argumentos de la querella presentada contra Bensi y su madre, Caridad Silvente, y se denunciaron nuevas presiones contra la familia, entre ellas restricciones en las comunicaciones telefónicas y el acceso a Internet.
Alpízar puso en duda desde el punto de vista jurídico la correspondencia entre la acusación y las imágenes que originaron el proceso. “La querella describe unos hechos que no son los mismos que se ven en el video”, afirmó el abogado.
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— Cubanos por el Mundo (@Cubanoselmundo) September 15, 2026
El proceso tiene su origen en lo ocurrido el pasado 10 de marzo, cuando un agente acudió a la vivienda de Anna Bensi y su madre para entregar una citación de la Seguridad del Estado dirigida a Silvente. Ambas decidieron grabar el encuentro y posteriormente divulgar las imágenes.
“El video fue grabado para protección propia”, insistió Alpízar durante su intervención en El Mañanero.
Una retractación pública entre las exigencias
Uno de los elementos abordados durante el programa fue que el demandante, quien asegura haberse sentido intimidado y afectado por la divulgación de las imágenes, estaría solicitando que Anna Bensi se retracte mediante un video público.
Otaola interpretó esa petición como un intento de humillar públicamente a la joven y planteó la posibilidad de que la exigencia forme parte de una estrategia para forzar una retractación.
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Otaola también valoró que Bensi pudiera encontrarse ante el difícil dilema de realizar ese video para tratar de disminuir la presión sobre ella y especialmente sobre su madre.
El caso de Anna Bensi había sido archivado por la Fiscalía el 13 de abril, debido a que el presunto delito contra la intimidad personal y familiar no podía perseguirse de oficio y requería una querella de la persona supuestamente afectada. Sin embargo, el procedimiento fue reabierto después de que el agente presentara formalmente esa acción.
En agosto, Bensi informó que un tribunal había confirmado que tanto ella como su madre serían llevadas a juicio.
Hermana de Anna Bensi denuncia restricciones de ETECSA
Durante El Mañanero, la hermana de la activista denunció además dificultades para mantener comunicación con la familia. Según explicó, la línea telefónica de ETECSA habría sido bloqueada y la conectividad a Internet reducida.
Otaola aprovechó la denuncia para señalar a la empresa estatal de telecomunicaciones como parte del aparato utilizado por el régimen cubano para aislar a opositores y activistas.
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Alex amplió su crítica a quienes, desde instituciones estatales, participan directamente en acciones represivas. “El médico que acepta inyectar o inocular un virus está siendo un arma de represión y tienen que pagar por eso”, afirmó.
Las denuncias sobre las restricciones de comunicación se suman a los señalamientos realizados anteriormente por Anna Bensi sobre vigilancia, interrogatorios, limitaciones de movimiento y presiones de la Seguridad del Estado.
Alpízar pide solidaridad y presión pública
Santiago Alpízar cerró su intervención con un llamado a respaldar públicamente a la joven y a su madre ante el avance del caso de Anna Bensi.
“Escriban al Tribunal de La Habana del Este, muestren su apoyo, escriban a la jueza y a la Fiscalía. Salgan y protesten por lo que están haciendo con Anna Bensi”, pidió el abogado.
Con apenas 21 años, la youtuber cristiana Anna Bensi se ha convertido en una de las jóvenes voces críticas más visibles dentro de Cuba.
La causa judicial abierta contra ella y su madre coloca ahora bajo escrutinio no solo la actuación del agente que presentó la querella, sino también el uso de las instituciones estatales contra ciudadanos que documentan y hacen públicas actuaciones de funcionarios.
Para Alpízar y los familiares de la activista, la grabación que desencadenó todo el proceso no constituyó una agresión contra el policía, sino una herramienta de protección frente a la Seguridad del Estado. Precisamente esa diferencia entre ambas versiones podría convertirse en uno de los puntos centrales de la batalla judicial que apenas comienza.
La Iglesia también tiene que hacer su parte, sugirió Alpízar. Y, en honor a la verdad, lo está haciendo.