Raúl Castro y el narcotráfico llevan más de tres décadas unidos en un expediente que la Fiscalía Federal de Miami redactó en 1993 y nunca presentó. Este 19 de octubre de 2026, el fiscal general de Florida anunció una orden de arresto estatal contra el exgobernante cubano, de 95 años. Es la segunda acusación en cinco meses. Ninguna de las dos menciona la cocaína.
Manuel Antonio Noriega se rindió ante tropas estadounidenses el 3 de enero de 1990. Nicolás Maduro fue capturado en Caracas el 3 de enero de 2026. A los dos los llevó ante un juez federal una acusación por drogas. A Raúl lo persiguen hoy por el asesinato de los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate, un crimen que también reclama justicia. Pero el expediente de la cocaína, con testigos, fechas y nombres, sigue guardado.
Esta es la posición de Cubanos por el Mundo: lo que se juzgó en La Habana en 1989 no fue el narcotráfico del régimen, fue su coartada. Y mientras Washington no reabra ese capítulo, la historia de Raúl Castro y el narcotráfico quedará contada a medias. Lo que sigue son los hechos documentados en los que basamos esa opinión.
En este editorial
Noriega y Maduro: la acusación por drogas como llave
El precedente es Panamá. En febrero de 1988, grandes jurados de Miami y Tampa acusaron a Noriega de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado. Noriega anuló las elecciones de mayo de 1989 y en diciembre su Asamblea declaró al país en estado de guerra con Estados Unidos. El 20 de diciembre comenzó la Operación Causa Justa. Tras diez días refugiado en la Nunciatura Apostólica, se entregó el 3 de enero de 1990.
En abril de 1992 fue declarado culpable de ocho cargos y en julio recibió 40 años de prisión, rebajados después a 30. Cumplió su condena en EE. UU. en 2007, rebajada por buena conducta, pero siguió bajo custodia estadounidense hasta 2010, cuando fue extraditado a Francia. Después fue enviado a Panamá, donde murió en 2017.
Maduro siguió el mismo camino 36 años más tarde. El 26 de marzo de 2020, un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York lo acusó de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas de guerra. La fiscalía lo señala como cabecilla del Cartel de los Soles en alianza con las FARC. Fue capturado el 3 de enero de 2026, se declaró no culpable y el juez Alvin Hellerstein fijó el juicio para el 1 de junio de 2027.
El 8 de octubre se le sumó un cargo de conspiración para cometer tortura, y su defensa insiste en una inmunidad que la fiscalía rechaza.
La administración Trump citó la acusación por drogas como fundamento legal de la operación en Caracas. Esa es la clave: en los dos casos, el expediente narco existía, estaba presentado y abrió la puerta. Con Raúl Castro y el narcotráfico ocurrió lo contrario: el expediente existía y alguien decidió no presentarlo.
Raúl Castro y el narcotráfico: lo que Washington sabía desde 1982
1982: las primeras pistas
Las primeras señales tienen más de cuatro décadas. A comienzos de los años ochenta, el narcotraficante colombiano Jaime Guillot Lara usó aguas y puertos cubanos para mover marihuana, metacualona y cocaína hacia Florida, a cambio de llevar armas a la guerrilla colombiana M-19. Fuentes de la DEA citadas por The Miami Herald en 1982 afirmaron que Raúl Castro se reunió en secreto con él.
En noviembre de 1982, un gran jurado de Miami acusó a cuatro funcionarios cubanos, entre ellos el vicealmirante Aldo Santamaría Cuadrado y el embajador en Colombia, Fernando Ravelo Renedo. Nunca fueron arrestados.
Al año siguiente, una estimación especial de inteligencia de Estados Unidos fechada el 28 de junio de 1983, hoy desclasificada, concluyó que la operación de Guillot «casi con certeza» se aprobó en los niveles más altos del gobierno de La Habana. Su razonamiento: si se tratara solo de corrupción de mandos medios, no habrían participado las embajadas cubanas en Bogotá y Ciudad de México ni funcionarios del Departamento América del Partido Comunista.
1991: Carlos Lehder habla en el juicio de Noriega
En noviembre de 1991, en pleno juicio contra Noriega en Miami, declaró Carlos Lehder, cofundador del Cartel de Medellín. Según la prensa de la época, dijo bajo juramento que él era el enlace del cartel con Raúl Castro y con Manuel Piñeiro, “Barbarroja”, jefe de la inteligencia cubana.
Lehder contó que viajó a Cuba en 1981, donde se reunió con el prófugo estadounidense Robert Vesco y con Raúl Castro. Dijo que le regaló uno de sus aviones, que el acuerdo se cerró en 1982 y que varios cargamentos de cocaína pasaron por la isla en 1983 y 1984. El fiscal que lo interrogaba, Guy Lewis, le preguntó si colaboraba con agentes federales en ese tema. Lehder respondió que sí.
Lehder salió de prisión en 2020. En una entrevista reciente con Martí Noticias insistió en que el régimen lo invitó a abrir una ruta de cocaína hacia Estados Unidos y en que Raúl dirigía esa operación.
1993: el borrador que se quedó en un cajón
El 8 de abril de 1993, The Miami Herald reveló que la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida había redactado una acusación que trataba al gobierno cubano como una empresa criminal bajo la ley RICO. El documento señalaba a Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas, como jefe de una conspiración de diez años para pasar cocaína del Cartel de Medellín por Cuba hacia Estados Unidos.
El borrador nombraba a 15 funcionarios cubanos como coconspiradores, hablaba de al menos 9 toneladas de cocaína y sostenía que Raúl garantizó protección y uso del espacio aéreo cubano a cambio de millones de dólares. Fidel Castro no estaba en la lista.
Ese borrador nunca llegó a un tribunal. Según informó la agencia AP en 2006, pesaron las dudas sobre la credibilidad de los testigos y el riesgo para la política exterior de Estados Unidos. Guy Lewis, que después fue fiscal federal en Miami, recordó este año a CNN que el esfuerzo se frenó cuando el Herald publicó el documento.
En enero de 2000, una audiencia del Comité de Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, presidida por Dan Burton, volvió sobre el tema en Miami. Declararon Ileana de la Guardia, hija del coronel fusilado Tony de la Guardia, y su esposo, Jorge Masetti. Allí, el congresista Lincoln Díaz-Balart acusó a la administración Clinton de encubrir el narcotráfico del régimen. Tampoco pasó nada.
La Causa 1 de 1989: el juicio que fusiló a los subordinados
Para entender por qué La Habana da por cerrada la relación entre Raúl Castro y el narcotráfico hay que volver a junio de 1989. Ese mes, el régimen arrestó al general de división Arnaldo Ochoa Sánchez, Héroe de la República y excomandante de las tropas cubanas en Angola y Etiopía, y a un grupo de oficiales del Ministerio del Interior encabezados por el coronel Antonio “Tony” de la Guardia.
El orden de los hechos importa. El 14 de junio, Granma informó que Ochoa había sido arrestado por corrupción. La palabra cocaína apareció dos días después. Para entonces, la presión de Estados Unidos sobre la llamada conexión cubana crecía y el juicio contra Noriega, socio de La Habana, se acercaba.
La trampa legal para poder fusilar
El Código Penal cubano de 1989 castigaba el tráfico de drogas con un máximo de 15 años de prisión. No permitía la pena de muerte. Para poder fusilar, la fiscalía acusó a Ochoa y a los demás de “actos hostiles contra un Estado extranjero”, un delito contra la seguridad del Estado, y de alta traición.
El Tribunal de Honor, abierto con un largo discurso de Raúl Castro que pedía castigo ejemplar, funcionó como antesala. Según la reconstrucción publicada en 1989 por The New York Review of Books, oficiales que declararon allí como testigos fueron acusados días después, y su propio testimonio se usó en su contra en el consejo de guerra. Amnistía Internacional pidió clemencia y cuestionó las garantías del proceso. Nadie la escuchó.
El dinero que nadie buscó
Granma habló de unas seis toneladas de cocaína y 3,4 millones de dólares. A Tony de la Guardia se le imputaron 17 operaciones y unos 6 millones. Su hija Ileana ha contado que en el juicio nunca se preguntó adónde fue ese dinero.
Tampoco se explicó el origen del Departamento MC, de Moneda Convertible. No era una banda privada. Era una unidad del Ministerio del Interior creada por el propio Estado para burlar el embargo y conseguir divisas, tecnología y bienes en Estados Unidos. Los fusilados trabajaban dentro de una estructura oficial, bajo un ministro, José Abrantes, que respondía directamente a Fidel Castro.
Fidel Castro editó el juicio y escribió la coartada
El proceso se transmitió por televisión durante semanas, siempre en versiones editadas. Lo que vio Cuba, y lo que vio el mundo, fue lo que el poder decidió mostrar.
El testimonio más directo es el de Pablo Socorro, periodista de la Agencia de Información Nacional que cubrió el juicio y años después se radicó en Florida. En 2019 contó al diario español El País que escribía sus notas en una máquina de la oficina de Carlos Aldana, jefe ideológico del Comité Central, y que sus cuartillas llegaban a Fidel, quien les añadía frases y a veces párrafos enteros. En cierta forma, dijo, Fidel fue su editor y su censor.
Socorro ha descrito una cobertura dirigida. En la sala solo estaban los directores de los medios oficiales y periodistas escogidos, según él, más por su filiación política que por su oficio. Un equipo de la agencia preparaba versiones resumidas que luego repetían la radio, el noticiero y Prensa Latina. A los periodistas se les prohibió hablar de las sesiones incluso con su familia.
No hubo cobertura independiente. Los corresponsales extranjeros recibieron lo mismo que el público cubano: imágenes seleccionadas. Y el fiscal Escalona usó el propio juicio para que Ochoa, ante las cámaras, desmintiera lo que la prensa internacional publicaba sobre una purga política.
Un periodista independiente en esa sala habría hecho las preguntas que nadie hizo: quién autorizó el Departamento MC, adónde fue el dinero, qué sabían Abrantes, Raúl y Fidel. Por eso no lo hubo. El juicio se diseñó para producir confesiones, no respuestas.
La frase de Fidel que señaló a su hermano
El 16 de junio de 1989, Granma aseguró que la cúpula no sabía nada de operaciones que venían ocurriendo desde 1986. El 9 de julio, al ratificar las penas de muerte en el Consejo de Estado, Fidel cargó la responsabilidad sobre el condenado: “Ochoa pudo salvarse en la primera conversación que tuvo con Raúl”, dijo.
La frase revela más de lo que pretendía. Coloca a Raúl Castro en el centro de la investigación desde el primer día. Y choca con lo que la inteligencia estadounidense había escrito seis años antes sobre la aprobación de esas operaciones en los niveles más altos del poder.
El 13 de julio, al amanecer, fueron fusilados Ochoa, Tony de la Guardia, el mayor Amado Padrón Trujillo y el capitán Jorge Martínez Valdés. Ante el tribunal, Ochoa había dicho que la traición se paga con la vida. Se la cobraron a él. Al jefe directo de todos los acusados militares, nadie le pidió cuentas.
Lo que contaron después testigos y desertores
Con los años, familiares, exagentes y narcotraficantes dieron otra versión sobre Raúl Castro y el narcotráfico. No todos tienen el mismo peso, y conviene decirlo.
Sobre Popeye cabe una advertencia. Su relato tiene fuerza: en su libro de 2005 afirmó que las operaciones en Cuba se hacían bajo instrucciones directas de Raúl, y en una entrevista con la televisión argentina sostuvo que Raúl recibía la cocaína y que Fidel estaba al tanto. Pero Popeye también exageró en otros temas. La tesis de este editorial no descansa en él, sino en la inteligencia estadounidense, el testimonio jurado de Lehder y el borrador fiscal de 1993.
¿Por qué no hay cargos contra Raúl Castro por narcotráfico?
Ninguna autoridad estadounidense ha explicado por qué el expediente sobre Raúl Castro y el narcotráfico nunca llegó a un tribunal. Los hechos permiten señalar cinco factores.
- El tiempo. En la ley federal, los delitos de drogas prescriben en general a los cinco años; el asesinato no prescribe. Los hechos atribuidos a Raúl son de los años ochenta, mientras que el derribo de 1996 sí puede perseguirse hoy. Es nuestra lectura; los fiscales no la han confirmado.
- Los testigos. Según AP, el borrador de 1993 se frenó en parte por dudas sobre narcotraficantes condenados que negociaban beneficios.
- La política. En 1993 Washington no quería un choque judicial con La Habana. En 2000, el congresista Lincoln Díaz-Balart acusó a la administración Clinton de encubrir al régimen.
- Los muertos. Escobar murió en 1993, Abrantes en prisión en 1991 y Popeye en 2020. Los fusilados se llevaron su versión.
- La coartada funcionó. Al fusilar a los ejecutores, el régimen se dio un argumento que repite hasta hoy: fuimos nosotros quienes castigamos el narcotráfico.
El 20 de mayo de 2026, el Departamento de Justicia anunció la acusación federal contra Raúl y cinco coacusados por el derribo del 24 de febrero de 1996: conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, cuatro asesinatos y dos cargos por destrucción de aeronaves. Este lunes, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, sumó un cargo estatal de conspiración para cometer asesinato en primer grado y una orden de arresto sin fianza. Son pasos que el exilio esperó 30 años y que celebramos.
Pero la pregunta sigue en pie. Si la acusación por drogas fue la herramienta contra Noriega y contra Maduro, ¿por qué el caso de Raúl Castro y el narcotráfico, con testigos y borrador desde 1993, no ha merecido ni una línea en 2026?
Lo que responde La Habana
El régimen ha negado siempre cualquier vínculo de su dirigencia con el narcotráfico y presenta la Causa 1 de 1989 como prueba de que lo combatió. En mayo, Miguel Díaz-Canel calificó la acusación federal contra Raúl de acción política para justificar una agresión. Analistas críticos de Washington ven las acusaciones de 2026 como parte de una campaña de presión. Y es cierto que varios testigos contra los Castro fueron narcotraficantes que buscaban beneficios.
Nada de eso explica la acusación de 1982 contra un vicealmirante y un embajador cubanos, la estimación de inteligencia de 1983 que apuntó a los niveles más altos de La Habana, el testimonio jurado de 1991 ni un borrador fiscal con 15 nombres. Tampoco explica cómo un régimen que lo vigilaba todo no vio, durante años, aviones y lanchas cargados de cocaína en su propio territorio.
Nuestra posición sobre Raúl Castro y el narcotráfico
Cubanos por el Mundo sostiene que la Causa 1 de 1989 fue un juicio político montado para la televisión, que sacrificó a cuatro hombres para proteger a quienes daban las órdenes. Sostenemos también que la justicia estadounidense tiene una deuda pendiente: el expediente de 1993 merece revisarse con la misma seriedad que se aplicó a Noriega y a Maduro, aunque la ley ya no permita juzgar cada hecho.
Ochoa pagó con su vida. Tony de la Guardia pagó con su vida. Sus familias llevan 37 años pidiendo la verdad. Al hombre que mandaba sobre todos ellos hoy lo buscan por asesinato. Que lo busquen también por la verdad completa.
¿Crees que Estados Unidos debe reabrir el expediente de 1993? Déjanos tu opinión en los comentarios.
Corrección (19 de octubre de 2026): una versión anterior de este editorial indicaba que Noriega salió de la custodia estadounidense en 2007. Cumplió su condena ese año, pero permaneció bajo custodia de EE. UU. hasta su extradición a Francia en 2010.
