El video de una pequeña de unos cinco años que buscaba cincuenta pesos para un polvorón pone rostro al hambre infantil en Cuba. UNICEF, el PMA y hasta los propios funcionarios admiten hoy lo que la propaganda atribuyó siempre a otros países.
Un polvorón cuesta cincuenta pesos y ella no los tenía. La niña, de unos cinco años, estaba sola en un parque de Cuba pidiendo dinero para comprarse uno cuando un adulto se detuvo, sacó el teléfono y le hizo las preguntas que haría cualquiera.
—¿Quién te da comidita?
—Nadie.
—¿Y dónde está tu mamá?
—Para la calle.
Contó también que vive «por la lomita» y que su papá no está. Quien la grababa revisó lo que llevaba encima —»déjame ver qué puedo darte, no tengo mucho»— y después publicó el video con una pregunta que no busca culpables fáciles: ¿dónde estaban los adultos responsables de esa niña? «No se trata solamente de un polvorón. Se trata de una niña», escribió.
El video dura poco, pero desmonta un relato de más de seis décadas. La dictadura cubana presentó durante años la infancia abandonada como un mal ajeno, propio del capitalismo. Hoy basta un teléfono con datos para ver el hambre infantil en Cuba que ya no puede esconder.
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La valla decía que ninguno era cubano
Una valla propagandística llegó a anunciar que millones de niños en el mundo duermen en las calles, pero que ninguno es cubano, como recogió CubaNet en 2000. En 2006, la agencia oficial Prensa Latina difundió que Cuba era «el único país de América Latina donde no existe desnutrición», una frase atribuida a la entonces representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en la isla.
El guion no cambió cuando la crisis se hizo visible. En diciembre de 2021, Granma publicó un texto de Frei Betto según el cual «en Cuba no hay hambre», sino cubanos con «mucho apetito». En marzo de 2025, el mismo diario dio espacio a Isabel Acosta Sánchez, magistrada del Tribunal Supremo Popular, bajo el título «La mendicidad no es compatible con el proyecto social cubano». La respuesta que ofrecía era el Código Penal: de dos a cinco años de cárcel para quien utilice a un menor para pedir, y hasta ocho si quien lo hace tiene su responsabilidad parental.
En julio de 2025, la entonces ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, aseguró ante los diputados que en Cuba «no hay mendigos», sino personas «disfrazadas de mendigos». Renunció al día siguiente, después de que hasta Miguel Díaz-Canel se desmarcara de sus palabras. Alexander Otaola le respondió con las imágenes que la funcionaria decía no ver.
Tres meses después, el propio noticiero estatal tuvo que hablar de los menores que dormían en los jardines del hotel Muthu, en La Habana, un caso denunciado antes en redes. La vicefiscal general, Alina Montesinos Lee, anunció la salida: «En todos los casos se radicaron procesos penales contra los padres de estos niños». En el mismo reportaje, una viceministra admitió que no están cubiertas todas las plazas de trabajadores sociales.
Hambre infantil en Cuba: lo que dicen los datos de Naciones Unidas
Los organismos de la ONU trabajan en la isla de acuerdo con el Gobierno. Aun así, sus documentos ya no sostienen el relato oficial sobre el hambre infantil en Cuba.
UNICEF incluyó a Cuba por primera vez en su informe sobre pobreza alimentaria infantil en junio de 2024. El 9% de los menores de cinco años vive en pobreza alimentaria grave: come, como máximo, dos de los ocho grupos de alimentos que necesita. Otro 33% está en pobreza moderada, según los datos del organismo. Son cuatro de cada diez niños.
El programa de UNICEF para Cuba 2026-2030, fechado en enero, registra que el bajo peso al nacer subió del 5,1% en 2017 al 7,6% en 2023 y que solo el 40,9% de los bebés recibe lactancia materna exclusiva en sus primeros seis meses. También que el 41,6% de los niños de entre 1 y 14 años estuvo expuesto a agresión psicológica o física, y que 493 niños y adolescentes sin cuidado parental viven en 55 instituciones. El mismo texto sitúa la desnutrición aguda en menores de cinco años en un 2%, pero reconoce que «se necesitan mejores datos sobre la infancia en situación de vulnerabilidad multidimensional».
El PMA, el organismo al que la prensa oficial citaba en 2006, cuenta hoy otra historia. En febrero de 2024 confirmó que el Gobierno cubano le pidió ayuda por primera vez al más alto nivel para seguir entregando un kilogramo de leche al mes a los menores de siete años. Dos años después apoya la alimentación escolar de 12.677 niños en 74 centros de las cinco provincias orientales, y aprobó un plan para Cuba de más de 116 millones de dólares hasta 2030.
La admisión más cruda sobre el hambre infantil en Cuba llegó desde dentro. En junio de 2026, en la televisión estatal, la vicepresidenta primera del Grupo Empresarial de la Industria Agroalimentaria, Dayana Matech Vilá, reconoció que más de 100.000 niños no reciben su leche «como debería ser todos los días».
Lo que miden las organizaciones independientes
Fuera del control estatal, las cifras son más duras. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó en agosto su IX Estudio sobre Derechos Sociales, con 1.318 entrevistas en 79 municipios. Estima que el 94% de los cubanos vive en pobreza extrema y que ocho de cada diez han dejado de desayunar, almorzar o cenar por falta de dinero o de comida.
Food Monitor Program calcula que uno de cada tres hogares (33,9%) pasó hambre en el último mes, frente al 24,6% de 2024. En junio describió «una infancia obligada a sobrevivir»: niños que asumen tareas para sostener a sus familias y un 90% de las escuelas primarias analizadas sin acceso estable a agua potable.
Detrás de esos porcentajes hay nombres y lugares que han pasado por estas páginas. En julio, una niña buscaba comida entre los desechos junto al Parque Central de Sancti Spíritus. En Bayamo, Lía, de ocho años, llevaba más de 50 días sin agua potable y con la nevera vacía. En Camagüey, un niño gravemente desnutrido dependía de un anciano que no es su familia. Y en un internado de Santiago de Cuba, el almuerzo era arroz y boniato.
El teléfono que rompió el monopolio
Ninguna de esas historias de hambre infantil en Cuba salió primero en el noticiero. Todas llegaron por un teléfono. Desde que en diciembre de 2018 se activó el internet en los móviles, el régimen perdió algo que tuvo durante casi seis décadas: la última palabra sobre lo que se ve de Cuba.
No ha dejado de intentar recuperarla. ETECSA sigue siendo el único proveedor de telefonía móvil y Freedom House califica a Cuba como país «no libre» en internet, con 21 puntos sobre 100. La Ley de Comunicación Social, en vigor desde octubre de 2024, permite castigar lo que se dice en redes, y el informe documenta una condena de cinco años de cárcel por una publicación crítica en Facebook. Denuncias como la del sacerdote Kenny Fernández Delgado, que acusó a ETECSA de dejarlo casi sin datos móviles, apuntan en la misma dirección.
Mientras tanto, el relato oficial sigue mirando hacia afuera. Esta misma semana, después de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobara una resolución sobre alimentación infantil promovida por La Habana, el canciller Bruno Rodríguez acusó a Estados Unidos de privar a los niños de una alimentación sana.
La niña del parque no sabe nada de resoluciones. Sabe lo que cuesta un polvorón y que nadie le da de comer. La pregunta de quien la grabó es justa: ¿dónde están sus padres? Pero hay otra que la dictadura lleva décadas esquivando: ¿dónde está el Estado que juró que esto, en Cuba, no pasaba?
